La figura del Defensor Universitario se consolidó en las universidades españolas a partir de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 21 de diciembre de 2001.  Sin embargo el Defensor aparece, en algunas universidades públicas, tras la aprobación de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU). En esta ley se desarrolla el principio constitucional de autonomía universitaria (contemplado en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978). A su amparo, algunas Universidades, incorporan la institución del Defensor.

Son los inicios de un nuevo instrumento para la defensa de los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad universitaria. Se toma como configuración de referencia al Defensor del Pueblo y,  a su vez al Ombudsman (Ombudswoman o Ombudsperson) institución de marcado carácter europeo, vinculada a propuestas democráticas de organización social y cuyo origen se remonta a 1809 en Suecia. Como tal, su figura aparece también en Estados Unidos desde hace más de 30 años.

Para trabajar en la solución de conflictos, sin capacidad ejecutiva, pero con autoridad moral, la herramienta de trabajo debe ser la mediación: el acuerdo consensuado entre las partes. El Defensor utilizará su auctoritas (autoridad moral) para intermediar en una reclamación cuando considera que se ajusta a derecho. Hecho así, podrá proponer vías de solución y alternativas viables desde la justicia, con equidad y agilidad.

En nuestra Universidad aparece como consecuencia de la reforma estatutaria a raíz de la LOU citada anteriormente. El Defensor Universitario en la UPM irrumpe en los estatutos de la UPM Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15 de noviembre) con modificación parcial publicado Decreto 26/2018, de 3 de abril (BOCM de 9 de abril de 2018).